La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Hasta la reciente reforma del Código Penal de 2010 la responsabilidad penal de las empresas se reducía a consecuencias accesorias que de manera opcional podía imponer el Juez o Tribunal pero que en raro caso hacía. La práctica era por tanto que las personas jurídicas eran irresponsables recayendo toda la responsabilidad en los administradores de esas sociedades.

Tras la reforma el marco cambia y ahora las personas jurídicas pueden recibir penas muy graves incluso como medidas cautelares como la multa, la intervención judicial, la clausura de temporal o definitiva de establecimientos, la suspensión de actividades o la disolución de la persona jurídica. Además la transformación, fusión, absorción o escisión de la persona jurídica no extinguirá la responsabilidad penal.

En todo caso la responsabilidad penal de una persona jurídica depende de la comisión de un delito por parte de una persona física que sea responsable legal de la empresa o por un empleado delito cometido en nombre o por cuenta de la sociedad y en su provecho, no siendo necesario identificar la persona física concreta autora del delito.

Para llegar a consecuencias tan graves como las anteriormente señaladas la empresa tendrá que haber realizado alguna de las siguientes actividades:

  • trata de seres humanos
  • prostitución
  • estafa
  • insolvencias
  • receptación y actividades afines
  • delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • delitos contra los derechos de los trabajadores
  • delitos contra la ordenación del territorio
  • delitos contra el medio ambiente
  • tráfico o desarrollo de drogas tóxicas o estupefacientes
  • falsificación de tarjetas de crédito y débito así como cheques de viaje
  • cohecho
  • tráfico de influencias
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